las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo o
FARC-EP es un
grupo
Atentados
Las FARC han utilizado carros o vehículos bomba en diferentes oportunidades,
ocultando los explosivos dentro de un vehículo posteriormente
abandonado o engañando al conductor del mismo para que lo transporte al
lugar del atentado. En algunos casos han hecho explotar dichos vehículos
remotamente, matando al conductor y provocando la muerte o heridas a
transeúntes que se encuentren alrededor.
Entre las variantes de este tipo de atentados se incluyen los animales bomba, carretillas bomba
y según el Comandante de la Policía del Departamento de
Arauca, coronel
Luis Alcides Morales, también bicicletas bomba. El gobierno colombiano, y algunos países de la comunidad internacional, considera estos actos como atentados terroristas.
En la
Masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002, murieron entre 74 y 119 civiles
a causa de un cilindro-bomba lanzado por las FARC contra una iglesia.
Se trataba de ciudadanos del municipio de Bojayá, Chocó, que se habían
refugiado en la iglesia en medio de un combate entre las FARC y
paramilitares de las
AUC.
Estos hechos fueron certificados por un informe de las Naciones Unidas.
El 14 de abril de 2005, La guerrilla realizó una incursión armada a
Toribío, lanzando cilindros-bomba contra la población civil de forma indiscriminada Tres policías y un niño murieron en el ataque dejando más de 30 heridos entre civiles y militares La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado manifestó
"La
Oficina condena los injustificables actos de violencia cometidos por
las FARC en Toribío, con los cuales se han infringido en forma grave los
principios y las normas del derecho internacional humanitario, y se ha
demostrado nuevamente un total menosprecio por la vida, la integridad y
la seguridad de los civiles".
En ninguno de los casos existen dudas sobre los responsables de los
atentados. En varias ocasiones se ha llegado a acusarse inmediatamente a
las FARC, sin que se haya comprobado plenamente su responsabilidad.
Esto se debe en gran parte a que el ELN no ha cometido atentados
terroristas desde hace mucho tiempo. A finales del 2006 se presentaron
casos donde militares colombianos fueron investigados por la justicia
colombiana por su presunta participación en el montaje de falsos
atentados en la ciudad de Bogotá durante ese año, originalmente
atribuidos a las FARC, la mayoría de los cuales habrían sido
desactivados presuntamente para presentarlos como "falsos positivos" en
beneficio de los involucrados.
Narcotrafico
Originalmente, los guerrilleros de las FARC se oponían al cultivo de la coca. Durante la
década de 1980 lo aceptaron, participando en el narcotráfico a través de la creación de un «impuesto» (el llamado
gramaje)
sobre los cultivos ilícitos, aplicable a los campesinos cultivadores.
Al mismo tiempo, presentaron propuestas para una posible sustitución de
cultivos. Posteriormente las FARC diversificarían su actividad más allá
de la regulación de los cultivos, cobrando «impuestos» a las actividades
de los carteles de la droga, incluyendo a los laboratorios y las pistas
de aterrizaje clandestinas.
Para el
2005,
la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de
Hacienda de Colombia, estimaba que el porcentaje del dinero embolsado
por las FARC procedente de los «impuestos sobre el gramaje» era
alrededor de un 30% de sus ingresos totales, siendo estos de unos $600
millones de dólares durante el año
2003.
Según los estimativos de la UIAF, el secuestro y la extorsión ganadera
constituyen todavía las principales fuentes de financiación de las FARC.
La relación de las FARC con los cárteles de la droga ha sido
controvertida. El grupo guerrillero niega rotundamente que participen en
el negocio de las drogas más allá del «impuesto de gramaje» a la
cultivación. Tanto el Gobierno de Colombia como el de EE.UU. afirman que las FARC actúan como un gran cartel,
Existen analistas políticos que niegan que las FARC sean un grupo de
narcotraficantes propiamente dicho, aún si existen relaciones entre el
grupo guerrillero y las actividades del narcotráfico,
El politólogo León Valencia ha afirmado que «hasta ahora ninguna de las
personas que han estudiado este fenómeno han encontrado que las Farc
trafican con drogas a EE.UU., o que directamente las introduzcan».
En Colombia y en EE.UU. se han iniciado procesos penales acusando a
miembros de las FARC de delitos relacionados con el narcotráfico,
basándose en testimonios de personas identificadas como reinsertados y
colaboradores, interceptaciones de radio grabadas y documentos emitidos
por las FARC.
En febrero de
2007, la extraditada
Nayibe Rojas,
conocida como «Sonia» en las FARC, y otras dos personas fueron
declaradas culpables de narcotráfico por un jurado en una corte de los
Estados Unidos. «Sonia» había sido acusada por los fiscales
estadounidenses por cargos relacionados con el tráfico de drogas hacia
ese país. La defensa de «Sonia» insistió en que ni ella ni las FARC
participan en el tráfico de drogas, afirmando en cambio que le cobran un
impuesto a la producción de coca. Existen analistas
Secuestros
El secuestro es uno de los varios métodos utilizados por la guerrilla. A finales del mes de
abril de 2012, el grupo secuestró al periodista
francés
Roméo Langlois, hecho que fue atribuido por el frente 15 de las FARC.
Una integrante de la agrupación afirmó: "Tenemos al periodista francés
en nuestro poder"
Poco después, el secretariado de las FARC confirmó la retención
alegando que se trataba de un prisionero de guerra. Sin embargo, tanto
el gobierno de Colombia como
Human Rights Watch y la Organización de las Naciones Unidas rechazaron de forma rotunda que el grupo guerrillero le concediera el estatus de "prisionero a reportero francés" debido a que no es un argumento "válido conforme al
Derecho internacional humanitario".Por tal motivo, pidieron "liberarlo de inmediato" y sin ningún tipo de condiciones. De igual manera, la
Sociedad Interamericana de Prensa
recordó que "los periodistas, los profesionales de los medios de
comunicación y el personal asociado que realizan peligrosas misiones
profesionales en zonas de conflicto armado deberán considerarse civiles y
ser respetados y protegidos como tales", tomando como referencia la
Resolución 1738 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
Con este nuevo hecho quedó demostrado que el grupo insurgente continúa
con el método del secuestro, a pesar de que en algún momento decidieron
poner fin por medio de un comunicado,
Aunque la guerrilla dijo no al secuestro, varios periodistas y medios
de comunicación afirmaron que el flagelo del secuestro aún seguía en
Colombia. La organización llegó secuestrar a extranjeros de distintas
nacionalidades y colombianos entre civiles y militares de todas las
edades. Algunos de sus secuestrados, llegaron a cumplir más de 10 años en su poder. Uno de los casos más recordados a nivel mundial fue el secuestro de la ex candidata presidencial colombiana
Íngrid Betourtanc, quien fue secuestrada en medio de su campaña preseidencial.
Según los relatos y pruebas recolectadas, cada secuestrado en poder
de las FARC es encadenado durante varias horas al día y supervisado por
un guerrillero,
con órdenes de asesinarlo en el caso de un intento de rescate militar;
un ejemplo del cumplimiento de esa orden fue el fracasado intento de
rescate del asesor de paz de
Antioquia, Gilberto Echeverry Mejía y del Gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria que fueron asesinados como reacción al hostigamiento del ejército, según relataron sobrevivientes.
También el caso del sargento del
ejército José Libio Matínez, el coronel de la Policía
Edgar Duarte, el mayor de la misma institución Elkin Hernández Rivas y
el subintendente Álvaro Moreno; muertos por las FARC-EP ante una
operación de rescate adelantada por las
FFMM, situación que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos rechazó contundentemente y demonimó la acción de las FFMM como una operación de localización.
El día 18 de junio de 2007, las FARC reportaron la muerte de 11 de 12 diputados del Valle del Cauca,
luego de haberlos tenido secuestrados durante 5 años. Según el grupo
guerrillero, los diputados murieron durante el fuego cruzado que se
habría presentado en medio de un combate con un «grupo militar no
identificado». La guerrilla culpó a la «intransigencia» del gobierno de
Álvaro Uribe. Human Rights Watch responsabilizó de manera directa a las FARC por la muerte de los secuestrados.
Amnistía Internacional y ONGs de derechos humanos, repudiaron la muerte
de los diputados y responsabilizaron a las FARC por mantenerlos en
cautiverio y ponerlos en peligro. Ángela Giraldo, hermana del diputado
Francisco Giraldo, le exigió al gobierno acceder al despeje de
Pradera y Florida. El presidente colombiano acusó a las FARC de asesinar a los diputados y negó cualquier participación de las
fuerzas militares en los hechos
, Posteriormente se demostró que los 11 secuestrados fueron asesinados por disparos de fusiles AK-47 en cumplimiento de previas órdenes de ejecución en caso de un intento de liberación, órdenes de la cúpula de las FARC.
Objetivos
En comunicados a la opinión publica las FARC afirman que su objetivo
es acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas,
la intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia, mediante el establecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano, lo que es desestimado por el gobierno, ya que Colombia tiene el mayor número de víctimas de minas antipersonales. Además de que el grupo está involucrado en negocios considerados ilegales como el robo, la extorsión, el secuestro y tráfico de armas y droga.
